Hablar de las desigualdades que padecen las mujeres se vuelve una necesidad en un contexto en el que la violencia se encrudece y, al mismo tiempo, se niega o invisibiliza. El avance de la ultra derecha a nivel internacional y local no hace más que poner en jaque algunos consensos y temáticas que el movimiento feminista había logrado colocar en agenda. 

La política de la motosierra liquidó las políticas de género.  En la línea 144 no sólo se redujo el personal y, por lo tanto, la cantidad de casos que puede atender, sino que también se reconvirtió en una atención para víctimas de violencia en general, excluyendo así la perspectiva de género. Se desmantelaron programas de acompañamiento a las mujeres para el acceso a la justicia y las de salud reproductiva. Para 2026, a la Educación Sexual Integral (ESI) ni siquiera se le asignó una partida presupuestaria. 

La violencia y la desigualdad se niegan, pero los indicadores hablan: las mujeres tienen una mayor tasa de desocupación e informalidad, mientras que la brecha de ingresos continúa alrededor de 27%. La reforma laboral no hizo más que profundizar esta vulnerabilidad. La responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado se vuelve incompatible con jornadas de doce horas o con un banco de horas. Una verdadera modernización procuraría alcanzar un buen balance entre trabajo-hogar, así como contemplaría una revisión de la licencia por paternidad. 

Frente a una reforma ampliamente regresiva y en un contexto crítico del mercado laboral, la situación de las mujeres se vuelve más precaria y vulnerable. 

Hoy los derechos laborales se conciben como privilegios, mientras que los privilegios de quienes ejercen el poder se ocultan o  resguardan. 

Por eso, hoy es necesario continuar hablando de la desigualdad y violencia de género. 

No nos pasamos tres pueblos, todavía venimos corriendo detrás.